El desafío de llegar a quiénes más lo necesitan

Desde hace meses circulan en redes sociales ofertas para modificar de manera irregular el Registro Social de Hogares (RSH). Según diversos reportajes, en TikTok existen perfiles que ofrecen asesorías para postular a la gratuidad universitaria, mientras que algunos trabajadores sociales cobran por manipular el instrumento mediante la eliminación de integrantes o la invención de historias de desvinculación familiar. En mayo pasado, el director ejecutivo de la Fundación Invica, Benito Baranda, advirtió de que en TikTok y YouTube se difunden métodos para alterar los datos y quedar dentro del 40% más vulnerable, con el fin de acceder a “viviendas casi gratuitas”.

Estas prácticas forman parte de lo que algunas autoridades han denominado “fraude social”, concepto que alude a la adulteración deliberada de la información que mide la vulnerabilidad de los hogares. En un escenario de estrechez fiscal, su control se ha vuelto central para hacer más eficiente el gasto del Estado: mientras menos recursos existen, más relevante es decidir con precisión quién accede a un beneficio y quién queda fuera.

Sin embargo, lograr que esa ayuda llegue a quienes más la necesitan no depende solo de detectar a quienes adulteran su información, sino también de cómo se diseñan los instrumentos de medición y qué realidades logran capturar. ¿Qué problemas surgen de estas dinámicas y qué es lo que el sistema no logra ver? ¿Cómo opera la focalización en el acceso a la vivienda? ¿Y qué propuestas existen para llegar de manera efectiva donde más urge?


Cómo se mide la necesidad

En Chile, buena parte de la política social se basa en la focalización; es decir, en concentrar recursos o beneficios en los hogares que cumplen con determinados criterios o que acreditan una urgencia prioritaria. Para identificarlos, el Estado utiliza principalmente el RSH, instrumento que combina datos administrativos con lo que declaran las familias y asigna a cada hogar una Calificación Socioeconómica que lo ubica en uno de siete tramos, según su nivel de ingresos y vulnerabilidad. 

Cristóbal Ruiz-Tagle, jefe de la División de Políticas Sociales de la Subsecretaría de Evaluación Social, sostiene que “Chile ha avanzado mucho en focalización” y que el registro, utilizado hoy por 168 programas, “ordena razonablemente bien a la población”. Eso no significa, aclara, que esté libre de desafíos. El principal es de precisión y se concentra en la composición de los hogares, “que depende casi exclusivamente de lo que declaran las personas”. 

Parte de esa imprecisión responde a lo que el registro no alcanza a captar. “El gran desafío de este esquema es todo lo que ocurre fuera de los registros administrativos, y no solo la informalidad laboral”, explica Ruiz-Tagle. “Tampoco quedan registrados el cuidado de familiares, las enfermedades y la dependencia no acreditadas, ni los cambios en quiénes viven juntos”.

Otra parte de esa imprecisión, agrega, “no nace en el registro, sino de las señales que recibe desde la oferta”. Ruiz Tagle identifica dos fuentes. La primera son las “presiones innecesarias”, porque “las personas responden a señales e incentivos de la política social”. Por eso, sostiene, “la forma en que se comunica la oferta es tan importante como su diseño”. La segunda es “la coexistencia de instrumentos de focalización con sus propias reglas, que abre espacio a errores de inclusión y dificulta que la ciudadanía entienda cómo la evalúa el Estado”. Para abordar estos nudos, el ministerio impulsa una agenda de mejoras del RSH que, según explica, “no es una agenda de sospecha ni de recorte, porque la gran mayoría de las familias informa de buena fe”. 

Marcela Tapia es dirigente del comité de vivienda de Sol de Polpaico, en Tiltil, y ha guiado a su comunidad en un proceso de 20 años para pasar del campamento a una vivienda definitiva. En ese camino ha visto cómo las familias reaccionan a esas señales. Algunas evitan actualizar sus datos porque “al momento de que la persona hace una actualización de su ficha social, pierde, ya sean asignaciones familiares o algún beneficio”. En otros casos, el puntaje sube aunque las condiciones de vida sigan siendo las mismas, como le ocurrió a una familia del comité que se cambió a isapre para tratar las enfermedades de sus hijas y que, pese a presentar la documentación médica en el municipio, no logró que le bajaran el tramo. “Aunque tú vivas colgado en una lámpara, solo por el hecho de ser isapre, tu puntaje sube”, afirma. 

La extensión de procesos como el de Sol de Polpaico pone en evidencia una dimensión que el registro difícilmente capta, el tiempo. Taly Reininger, profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, explica que “la situación de las familias no es estática”, porque cambian el empleo, los ingresos, la composición del hogar, la salud y las redes de apoyo, mientras los registros administrativos llegan con desfase. A eso se suman, según indica, dimensiones que casi no aparecen en el registro, como el endeudamiento, la inseguridad y la violencia en el territorio o el acceso efectivo a servicios básicos. “Lo que el sistema ve es una fotografía parcial y muchas veces atrasada de una realidad que está en movimiento”.

En sus investigaciones, Reininger ha podido notar que, cuando buena parte de la oferta depende de un mismo mecanismo y los recursos son escasos, la focalización “deja de ser una herramienta técnica y se convierte en una competencia entre familias por pocos cupos”. Lo ha visto cuando una familia accede a un programa y su vecina, que vive en condiciones muy parecidas, queda fuera. Como los criterios no son claros para las personas, “la diferencia se vive como arbitraria” y aparecen dinámicas de vigilancia en que “se observa al otro y se le denuncia por hacer trampa”, mientras la familia seleccionada siente que debe justificar por qué ella sí merece el programa. “El instrumento, que debía ordenar la entrega de apoyo, termina instalando la sospecha como forma de relación en el barrio”, concluye. 

Finalmente, el acceso efectivo a servicios no depende solo de que exista la oferta, sino también de la forma en que se entrega. Dionel, presidente del comité de vivienda del campamento Calderón de la Barca en San Bernardo, recuerda que antes bastaba con hablar con la asistente social de la municipalidad para recibir “un vale de gas o una caja de mercadería que nos ayudaba en momentos difíciles”. Hoy, dice, “es casi imposible obtenerlos”, a lo que se suma el costo de hacer el trámite para quienes viven con el sueldo mínimo. “Si pides un permiso laboral para ir a buscar una caja en la que te dan 20 lucas en mercadería, pierdes de trabajar y te descuentan 30. Entonces, no tiene sentido”, resume. 

Focalizar el acceso a la vivienda 

En el acceso a la vivienda, el RSH tiene un peso decisivo, porque del tramo en que queda cada familia depende si puede postular a un subsidio habitacional y cuánto debe ahorrar para hacerlo. Ruiz-Tagle explica que la reacción de las personas frente a los incentivos se intensifica cuando un programa concentra las expectativas en un umbral: “Es lo que ocurre con la vivienda social, que prioriza en el 40% más vulnerable con una producción de viviendas muy inferior a las necesidades de ese tramo”, señala.

En esta línea, Luz María Vergara, directora de Fundación INVICA, sostiene que la “crisis profunda de asequibilidad global” se ha manifestado en Chile en “el desacople sostenido entre incremento de salarios e incremento del precio de las viviendas”. A su juicio, esto “ha afectado de manera importante la focalización de los subsidios”, especialmente la del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49). “Grupos de hogares que solían postular a un DS1 tramo 1 (más orientado a la clase media), por ejemplo, se desplazan y postulan a un DS49 dado el cambio en los ingresos en el hogar y la situación habitacional”, agrega. “La consecuencia es la desfocalización de los subsidios, dejando desatendidos a los sectores más vulnerables y campamentos”, afirma.

Fernanda Manzanares, jefa del área social de la Inmobiliaria Social de TECHO, la entidad patrocinante que acompaña a familias de campamentos en su postulación a la vivienda, explica que el RSH es solo una de las muchas variables que inciden en la focalización para acceder a los subsidios. Aunque se evalúa a cada familia por separado, el registro condiciona al grupo completo, porque al menos el 70% del comité debe estar dentro del 40% más vulnerable, proporción que además define el ahorro base exigido. A eso se suman la composición del núcleo familiar, la personalidad jurídica y la antigüedad del comité, y las condiciones de cada llamado, que varían de un proceso a otro.

En terreno, esas exigencias se cruzan con la vida diaria de las comunidades. Manzanares describe a personas que cuidan a un familiar enfermo y a sus hijos, y que por eso no pueden trabajar fuera de casa ni asistir con regularidad a las asambleas del comité. “Si acumulas tres inasistencias a asambleas, te echan del proyecto”, advierte. “Y, por tanto, si no puedes trabajar afuera, ¿cómo ahorras?”. Mantener el ahorro durante los años que dura un proceso obliga, además, a elegir entre necesidades urgentes. “O es comer, o mantengo mi ahorro; o es salud, o mantengo mi ahorro; o me pago un arriendo, o voy a una vivienda definitiva”, dice. En su experiencia, esas familias quedan fuera “por sistema, pero no realmente por vulnerabilidad habitacional”.

Para Vergara, parte de esa realidad no cabe en los instrumentos actuales. “Hay muchos aspectos que no son posibles de cuantificar hoy en día. Por ejemplo, los tiempos y capacidades de ahorro de las familias por ingresos informales, que no siempre calzan con los plazos y formas de medición del sistema”, explica. “Hay familias que hoy día pueden costear ciertas mejoras en sus viviendas, pero a su propio ritmo”.

En Sol de Polpaico de Tiltil, sostener el ahorro durante 20 años fue, en palabras de Marcela Tapia, “un dolor de cabeza increíble todo el rato”. “Uno de los puntos más difíciles que tuvimos fue lograr que la gente no sacara la plata”, recuerda sobre los momentos en que las familias retiraban dinero de sus ahorros por emergencias o celebraciones familiares. Además, debido a la extensión del proceso, añade: “Después de tanto tiempo, la gente pierde la esperanza, se aburre”. 

Además, como el monto exigido se calcula en unidades de fomento (UF), la directiva llevaba una lista en verde y rojo para saber quién cumplía, “El rojo es cuando alguien se cayó, ya sea por media UF, una UF, hasta 10 pesos, porque la UF sube todos los días”, explica. “Si tú tenías la plata justa y el viernes subió, no sé, 100 pesos, el lunes ya estás ahí en rojo”. El comité reúne a 153 familias, y por un grupo de WhatsApp la directiva les avisaba cuando iba a subir la UF. ‘Chiquillos, va a subir la UF; los que estén justos con la plata, pónganle unas 10 luquitas’, recuerda.

Según Manzanares, los hogares unipersonales enfrentan una barrera adicional. Ya que a una persona sola y sin redes en un campamento le cuesta más ahorrar y acceder a un proyecto que a un allegado que vive hacinado con su familia. Es el caso de Nel, quién hasta 2015 vivía en las dependencias de la empresa donde trabajaba. Cuando quebró, “nos echaron de un día para otro”, recuerda, y llegó al campamento donde formó un comité de vivienda, pero sin cargas familiares no logró avanzar. “Estuve como dos años en el comité, y al final salieron todos y yo me quedé afuera porque no tenía carga”, cuenta. Tuvo que esperar a cumplir 60 años para postular como adulto mayor.

Este tipo de dificultades ayudan a entender por qué a las familias de campamentos les cuesta tanto llegar a una vivienda definitiva. Los largos tiempos de espera merman la esperanza y cambian la composición de los hogares. Sostener el ahorro o la participación en un comité se vuelve cuesta arriba para quienes cuidan a un familiar y/o viven de ingresos informales, y los hogares unipersonales, que representan cerca del 30% de los hogares en campamentos, enfrentan barreras adicionales.

A eso se suman los obstáculos estructurales. Según el balance final del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) en campamentos 2022-2026, elaborado por el Centro de Estudios de TECHO, el plan superó su meta nacional, pero solo el 24% de los 40.599 hogares de campamentos comprometidos recibió una solución definitiva, pese a concentrar población altamente vulnerable. El estudio explica que ese rezago no responde solo a problemas de ejecución, sino también a suelos con restricciones normativas, comunas con capacidades institucionales limitadas y campamentos más grandes y recientes, cuyas condiciones territoriales retardan los procesos de solución habitacional.



Caminos para avanzar

Las personas consultadas también plantean caminos para avanzar. En el plano del registro, Ruiz-Tagle describe una agenda de mejoras basada en principios como que “el Estado no debe pedirle a las personas lo que ya sabe” y que “cualquier consecuencia debe ser gradual y respetar el debido proceso, con oportunidad de corregir antes de que se afecte un beneficio”. Entre sus acciones están mejorar la metodología de la Calificación Socioeconómica, con más interoperabilidad e incorporando necesidades como las enfermedades de alto costo, y avanzar hacia un instrumento único. Reininger propone mayor transparencia, porque hoy “las familias no saben qué datos se usaron en su caso”, y devolver espacio al juicio profesional en los municipios.

En el acceso a la vivienda, desde Fundación INVICA Luz María Vergara propone diversificar las formas de acceso, con “alternativas de arriendo asequible o protegido que funcionen de manera más ágil que el acceso a la vivienda en propiedad”, junto con un sistema unificado que integre arriendo y propiedad y promueva el ahorro. Manzanares considera que “en cómo configuras el llamado tienes un poder de acción mucho más rápido”, por ejemplo, para ampliar el espectro a hogares unipersonales. Desde la experiencia de Sol de Polpaico, Marcela Tapia insiste en que “todas las partes tienen que trabajar y nadar para el mismo lado”, porque si la directiva, la entidad patrocinante y las instituciones no trabajan en conjunto, “las cosas no avanzan”. Mejorar los instrumentos es parte de la respuesta; la otra parte es acercar el Estado a los territorios para dar a conocer realidades que los registros no alcanzan a ver. 

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