- TECHO-CHILE, Fundación Alcanzable, Fundación Urbanismo Social, la Cámara Chilena de la Construcción, Hogar de Cristo, Nuestra Casa, Infocap y Déficit Cero realizaron un conversatorio donde se analizó cómo quedó plasmado el derecho a la vivienda y ciudad en la propuesta de nueva constitución.
- Algunas instituciones señalaron qué hay dudas respecto de cómo se podrían aplicar esos derechos, en caso de que se apruebe el texto.
A pocas semanas del plebiscito de salida y para entender mejor cuáles son las implicancias de cómo quedó plasmado el derecho a la vivienda en la propuesta de nueva constitución, TECHO-CHILE, Hogar de Cristo, Infocap, Déficit Cero, Fundación Alcanzable, Nuestra Casa, Cámara Chilena de la Construcción y Fundación Urbanismo Social, realizaron un conversatorio al que asistió la ex convencional Patricia Politzer, el exsubsecretario de Vivienda Guillermo Rolando, el académico PUC Diego Gil, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, y Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Para algunas instituciones, incorporar el derecho a la vivienda en la constitución “hace evidente el rol indispensable que cumple en el bienestar y felicidad de las personas. Permitirá exigirle al Estado no seguir conteniendo el problema a través de la gestión de subsidios, sino que lo comience a abordar desde una visión integral de política pública que apunte tanto a la diversidad, las soluciones y pertinencia de cada una de ellas, asegurando la calidad, garantizando el acceso y que su entrega sea oportuna, entendiendo también que debe conversar constantemente con el acceso a la ciudad”, sostuvo Camila Ramírez, directora ejecutiva de Fundación Urbanismo Social.
Desde TECHO-Chile, en tanto, señalaron que llevan más de 25 años trabajando con las familias que viven día a día la emergencia habitacional en campamentos y villas de blocks, por eso “urge que como sociedad entendamos la vivienda como un derecho, y que este quede consagrado en la nueva constitución. Valoramos enormemente que haya consenso respecto a esto, sin embargo, este derecho debe ir acompañado de políticas públicas y voluntad política que aseguren que cada persona tenga una vivienda digna donde habitar. Por nuestra parte, independiente de los resultados en el plebiscito, seguiremos promoviendo que el derecho a la vivienda quede adecuadamente declarado en nuestra constitución, mientras continuamos trabajando con miles de familias que viven en exclusión, apoyándolos en el tránsito a su solución habitacional definitiva”, sostuvo Isidora Lazcano, Directora Social de TECHO-Chile
Con una mirada más en detalle, Pia Mora, directora de Alcanzable, señaló que en Chile, tener problemas habitacionales es una variable que se asocia negativamente con la salud mental, incluso por sobre aspectos como el trabajo y la inseguridad económica, de acuerdo a la primera Encuesta de Bienestar que aplicó recientemente el Ministerio de Desarrollo Social. Por eso “valoramos la inclusión del derecho a la vivienda en el borrador de la nueva constitución, y como fundación estamos comprometidos a aportar para que se haga realidad, tanto desde la intermediación entre oferta y demanda por arriendo, donde entregamos asesoría a familias que tienen un subsidio de arriendo en mano y que no han podido aplicarlo, como también en la generación de oferta de arriendo a precios alcanzables”.
Por otro lado, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, indicó que «más allá del resultado del plebiscito, vemos que es necesario que diseñemos políticas públicas que garanticen el acceso universal a la vivienda adecuada. Esto no será posible sin la colaboración de todos los actores y sectores», manifestó, agregando que «La crisis es de tal magnitud que debemos rescatar y aprovechar los consensos que hay sobre el tema de la vivienda y la ciudad, y desde ahí construir políticas que respondan a la emergencia actual, que no puede esperar más, y al mismo tiempo tengan sentido de sostenibilidad y enfrenten los nudos estructurales del problema».
Para Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, es importante tener información fidedigna considerando todas las miradas, “sobre todo en un tema que es un enorme dolor para el país completo, que es el déficit de viviendas. Creemos que la colaboración público-privada, junto a las organizaciones ciudadanas, son clave para avanzar en esta materia. Nuestro trabajo es de largo aliento y debe ser permanente el esfuerzo por encontrar soluciones comunes”, aclaró.
Andrés Millar, director técnico nacional de Inclusión de Personas en Situación de Calle del Hogar de Cristo, señaló que es fundamental que la vivienda se constituya como un derecho social, ya que “es inaceptable que en una sociedad como la nuestra cientos de miles de personas vivan en campamentos, allegadas o, peor aún, en la calle”. Respecto al texto, Millar sostuvo que desde la institución comparten que la vivienda debe ser digna, lo que “significa que tenga acceso a servicios fundamentales como salud, educación, transporte. Pero creemos, también, que hay que analizar otras posibilidades, como el subsidio al arriendo, el que se debería ampliar a adultos mayores y a otras poblaciones vulnerables, como las personas en situación de calle”.
Desde Nuestra Casa, agregaron a la visión de Hogar de Cristo que lo más importante es visibilizar a los grupos que no tienen voz en las políticas de vivienda y “pensar la habitabilidad para los ciudadanos y quienes han sido excluidos sistemáticamente por no cumplir con requisitos establecidos. Hoy necesitamos viviendas para las personas, ampliar y diversificar la oferta a través de otras alternativas, como lo puede ser el subsidio de arriendo, por ejemplo”, señaló su directora Isabel Lacalle.
Respecto al conversatorio, el director ejecutivo de Fundación Infocap, Danilo Núñez, señaló que es importante tener espacios donde se pueda conversar sobre temas “tan cercanos y sentidos -sobre todo por nuestros estudiantes en Infocap- como lo son, Vivienda y Nueva Constitución. Como fundación que trabaja directamente con personas en situación de vulnerabilidad social, tenemos el deber de aportar en esta línea, ya sea facilitando los espacios de diálogo o entregando información para que la comunidad pueda votar informada».
