Entre las propuestas elaboradas por Techo-Chile, Fundación Vivienda, GI-ESCR y Casa Abierta, destacan la consagración de la función social y ecológica de la propiedad, así como la obligación del Estado de generar una legislación integral de vivienda para abordar el déficit habitacional.
A pocos días de que la Convención Constitucional inicie la discusión de fondo sobre los contenidos de la nueva Constitución, junto a otras organizaciones de la sociedad civil presentamos una serie de propuestas concretas para la incorporación del derecho a una vivienda adecuada en la carta fundamental.
Principios constitucionales; reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada; incorporación del derecho a vivir en un hábitat digno y en ciudades integradas; e institucionalidad son los 4 ejes que orientan las propuestas preparadas por Techo-Chile, junto a Casa Abierta y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR).
A pesar de su importancia en el derecho internacional de los derechos humanos, la vivienda no se encuentra reconocida expresamente como un derecho en la Constitución de 1980. En la práctica, esto implica que no existen herramientas judiciales o de política pública para garantizar el acceso de la población a una vivienda digna y adecuada.
Entre las nueve propuestas presentadas, destacan garantizar el derecho de todas las personas, sin distinción ni discriminación, a una vivienda adecuada; la consagración de la función social y ecológica de la propiedad; así como establecer el deber del Estado de desarrollar una legislación integral de vivienda para abordar el déficit habitacional.
Sebastián Bowen, Director Ejecutivo de TECHO-Chile indicó que “es necesario que la Constitución establezca la obligación de generar planes de regeneración e integración urbana que combatan directamente la segregación y la exclusión social que representa uno de los problemas más característicos de nuestras ciudades”.
“La contribución más importante de esta publicación es venir a desbancar el mito tan arraigado en la sociedad chilena de que no es posible consagrar el derecho a la vivienda en la Constitución. Es posible hacerlo y no podemos terminar este proceso constituyente, sin una consagración seria del derecho a la vivienda que significa ir bastante más allá de un artículo que diga que se reconoce el derecho a la vivienda digna”, planteó Magdalena Sepúlveda, directora ejecutiva de GI-ESCR y ex relatora especial de la ONU sobre derechos humanos y pobreza.
Para Celsa Durán, presidenta de la Agrupación Casa Abierta, “lo habitacional es un problema nacional, no solamente de los campamentos. Hay mucha gente que está arrendando, que vive de allegada, hacinada, que está viviendo con bastantes dificultades. Muchas han optado por la vía legal de un subsidio habitacional y a veces la gente se muere esperando la casa anhelada. Si nosotros hoy no nos hacemos presentes, esto va a seguir igual”.
La propuesta será entregada en los próximos días a los convencionales constituyentes como un insumo para la discusión en detalle sobre el contenido de los derechos que serán incluídos en la carta fundamental.
El documento «Habitar en Dignidad: Propuestas Constitucionales», se ecuentra disponible en la página web de CesChile.
