Más de veinte familias y cerca de cuarenta niños, niñas y adolescentes del campamento Mauricio Fredes en Quilicura esperan ser desalojados a principios de junio. Explican que están dispuestos a evacuar de forma pacífica, pero advierten con preocupación que las soluciones transitorias que les están ofreciendo no se ajustan a su realidad y están llegando tarde. La organización TECHO-Chile cuenta con una intervención en el campamento y advierte que, los desalojos sin soluciones alternativas, pueden producir un ciclo interminable de precariedad habitacional, teniendo como consecuencia familias allegadas o viviendo en carpas en la calle.
—
Santiago, 31 de mayo de 2024.- Durante los primeros días de junio se hará efectivo el desalojo de alrededor de veinte familias -por ahora sin el anuncio de una medida alternativa concreta que se adecúe a su realidad-, del Campamento Mauricio Fredes, en la comuna de Quilicura. A pesar de que más de la mitad ha abandonado el campamento pacíficamente, hoy viven en el lugar familias con niños que no han podido acceder a una solución para salir.
Son más de veinte familias con cerca de cuarenta niños y niñas quienes todavía siguen en el campamento. 85% no tiene donde ir después del desalojo; el mismo número no dispone de transporte para trasladarse ese día y el 75% cuenta con Registro Social de Hogares en Quilicura, de acuerdo con un catastro levantado por TECHO-Chile.
“Va a quedar mucha gente en la calle que no tiene donde ir, familias con niños y adultos mayores”, describió Marisol Cancino, vecina y presidenta del campamento Mauricio Fredes, quien vive allí hace tres años.
Durante los últimos cuatro años la comunidad ha contado con una directiva electa de forma democrática a través de asambleas. Los vecinos se organizaron para contar con una sede comunitaria y destinar un espacio para la recreación de los niños y niñas. Además, la misma comunidad definió tres pasajes con el fin de darle un orden a la distribución de los hogares y fortalecer los lazos comunitarios. En 2023 empezaron la tramitación para conformar un comité de vivienda para poder postular a un subsidio estatal de forma colectiva. Sin embargo, la noticia del fallo de la Corte Suprema sobre el desalojo sorprendió a los vecinos y terminó de forma abrupta con el proceso que estaban gestionando.
“Somos un campamento organizado. Hemos trabajado por mejorar las condiciones de vida para nuestros niños en el campamento, habilitando áreas para ellos. Estábamos empezando a constituir un comité de vivienda para avanzar en soluciones habitacionales en conjunto, pero el desalojo nos tomó por sorpresa”, explicó Marisol Cancino.
Las familias han buscado obtener distintos tipos de apoyo para poder salir de su situación de emergencia habitacional, como espacios de diálogo con el propietario del terreno, evaluando en conjunto posibilidades de arriendo; han trabajado junto a una abogada de la Defensoría Popular, quien ha asesorado y representado a la comunidad; han sostenido más de diez reuniones con SERVIU y la Municipalidad de Quilicura, buscando nuevas alternativas de solución habitacional transitoria; y han manifestado en distintas ocasiones que tienen la disposición de desalojar pacíficamente el terreno, solicitando más tiempo para la búsqueda de soluciones propias.
La Municipalidad de Quilicura les ofreció un apoyo económico para tres meses de arriendo. Sin embargo, de las 87 familias que vivían originalmente en el campamento, solo cinco lo están aplicando y otras cinco están en evaluación, ya que uno de los requisitos es contar con un contrato de arriendo. Desde TECHO-Chile explican que esta es justamente la razón por la cual las personas llegan a vivir a un campamento. En más del 70% de los campamentos a nivel nacional más de la mitad de las familias mencionan que llegaron a vivir a campamentos por el alto costo de los arriendos (en comparación a sus ingresos), sumado a la necesidad de independencia y bajos ingresos, según el último Catastro Nacional de Campamentos que realiza la organización. Por otro lado, el apoyo del SERVIU, que podría ser el “Gasto de traslado transitorio”, está programado para octubre, mientras que el desalojo está planificado para la primera semana de junio.
Existe una sentencia de la Corte Suprema y una medida cautelar que ordena el desalojo. La Corte Suprema indica que “el municipio respectivo en coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, esto es, el Ministerio del Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social, deberán implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento”.
Desde TECHO-Chile explican que han dado apoyo a los vecinos instando junto a ellos a la Municipalidad de Quilicura y al SERVIU Metropolitano a articular medidas para brindar alternativas ágiles, pertinentes y estables para las familias del campamento Mauricio Fredes. “Hemos insistido en la importancia de tener respuestas inmediatas y a mediano plazo, pero hoy las familias no tienen siquiera alternativas de corto plazo que respondan a la emergencia con inmediatez, dado que las soluciones que las instituciones involucradas ofrecen no se ajustan a la realidad de las familias”, explicó Pablo Undurraga, subdirector social de TECHO-Chile.
“No se puede cuestionar la legalidad que puedan tener este u otros desalojos, pero debemos hacernos cargo de las responsabilidades colectivas que traen consigo. No podemos permitir como sociedad que familias completas queden sin techo en el otoño más frío que se ha visto en muchos años, sin soluciones transitorias como son subsidios de arriendo accesibles o barrios transitorios”, advirtió Pablo Undurraga.
Las familias aseguran que tienen la disposición para desalojar de forma pacífica el terreno. Sin embargo, declaran que necesitan más tiempo para buscar soluciones propias, “un lugar dónde ir”, especialmente porque se les ha hecho difícil desarmar sus viviendas: “Con las lluvias no se puede desarmar. Queríamos saber si nos pueden dar un poco más de tiempo para buscar donde ir y para trasladarnos, porque no hemos podido desarmar las viviendas bajo la lluvia”, pidió Marisol Cancino.
“Es de suma importancia no dejar a esas personas en la calle sin alguna solución alternativa, de lo contrario se produciría un ciclo interminable de precariedad habitacional, terminando las familias como allegadas o en carpas en la calle ubicándose en veredas junto a niños y niñas”, agregó Pablo Undurraga.
