“Prefiero morir de Covid a que mis hijos mueran de hambre”, es una explicación recurrente y absolutamente lógica de quienes no pueden respetar la cuarentena y no tienen otra opción que salir para sobrevivir. No viven esperando el sueldo a fin de mes, sino de lo que puedan conseguir cada día. No tienen ahorros, desconocen lo que es “el trabajo decente”, según lo define la Organización Internacional de Trabajo (OIT): “un empleo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana para lograr la erradicación del hambre y la pobreza”.
En marzo, antes que se decretaran las primeras cuarentenas, desde Techo, Hogar de Cristo, Fondo Esperanza y SJM nos dimos cuenta que las medidas de confinamiento preventivo no serían posibles de practicar para las personas más vulneradas.
Así, en un esfuerzo colaborativo junto a otras organizaciones, surgió la campaña Chile Comparte para convocar a la ciudadanía a compartir los recursos y llevar alimento a los grupos más excluidos. No fue idea nuestra, sino que fueron las propias familias quienes nos alertaron desde los territorios. A la fecha, hemos entregado 17 mil kits de alimentación a más de 60 mil personas de 218 comunas del país.
La pandemia afecta a las personas en al menos tres dimensiones: sanitaria, económica y habitacional. Se requiere que el Estado genere con urgencia políticas de largo aliento que enfrenten simultáneamente estos tres ámbitos; disociarlas genera efectos más negativos. El apoyo a las familias con insumos básicos, como alimentos, ayuda a conectar la dimensión sanitaria y la dimensión económica; permite que las familias no salgan en busca de trabajo y aumenten su riesgo de contagio, y disminuye la precariedad en un contexto de crisis económica y escasez. Será necesario pensar en políticas de protección social y alimentación permanente para que el hambre no agrave el precario bienestar de muchas familias.
Pero entregar cajas de abarrotes, si bien es un apoyo necesario en muchos casos, resulta una medida lenta y limitada. En ese contexto y con el objetivo de estimular la economía local y la organización y solidaridad entre vecinos, hemos promovido el apoyo a los pequeños almaceneros de villas y poblaciones, y el desarrollo de cocinas comunitarias u ollas comunes entre vecinos. En esta misma línea, nos parece clave priorizar la discusión del proyecto de ley que busca recuperar y volver a distribuir alimentos que actualmente está en el Senado.
Desde Chile Comparte confirmamos, a partir de la experiencia en esta emergencia sanitaria, la importancia de considerar la organización territorial como base para reconstruir el raído y casi inexistente tejido social. La crisis económica y alimentaria que está dejando la pandemia entre los grupos más vulnerables se transformará en un problema de largo plazo y requiere una solución sostenible en el tiempo. No sólo con cajas de alimentos se mata el hambre. Se requiere de un esfuerzo multiplicador y construido entre todos, considerando especialmente a los que saben lo que es no tener pan en la mesa.
Por Sebastian Bowen, TECHO-Chile; Liliana Cortés, Hogar de Cristo; Mario Pavón, Fondo Esperanza; y José Tomás Vicuña, Servicio Jesuita a Migrantes.
Publicada en La Tercera el 6 de agosto de 2020.
