Columna de opinión publicada en La Tercera el 06/10/2023
La controversia que ha generado el veto al proyecto de Ley de Usurpaciones presentado por el Ejecutivo nos revela la gran complejidad que ha tenido el legislador para alcanzar dos objetivos que, a nuestro juicio, son centrales; actualizar la normativa fortaleciendo la institucionalidad y el orden público sin acentuar la vulnerabilidad social en que se encuentran los campamentos ni fomentar la violencia entre privados.
En ese sentido, parece razonable un veto que permita distinguir el trato que se le da a los diferentes tipos de ocupaciones de inmuebles que existen hoy, donde por un lado existen usurpaciones violentas, otras que se realizan con fines comerciales y fraudulentos, y otras que se han producido históricamente por la incapacidad del Estado para dar solución al déficit habitacional, de las cuales derivan los campamentos.
Es valioso también que en el veto presidencial se limite el ejercicio de la violencia a quien le corresponde: el Estado a través de sus policías. Porque evidentemente no podemos vivir en una sociedad donde esté permitido que nos enfrentemos unos contra otros.
Y aunque en diversas conversaciones con juristas y expertos en vivienda vemos con claridad algunos puntos comunes en lo anterior, lamentablemente la discusión parlamentaria pone de manifiesto una grave incapacidad de nuestras autoridades a los acuerdos que Chile necesita, donde parece importar poco la opinión de expertos y gana la lógica de polarización, con la que nadie gana y el país pierde.
Estamos conscientes de la difícil tarea que enfrentan los parlamentarios, por lo que esperamos que finalmente se logren los acuerdos que Chile necesita con un proyecto de ley razonable y justo.
Héctor Guarda Díaz, SJ
Capellán Techo Chile
