El hallazgo del cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en un campamento de la comuna de Maipú, como otra pérdida lamentable que conocimos en Cerrillos, evidencian, una vez más, los graves problemas de seguridad por los que atravesamos como país. En particular, estos episodios vuelven a poner sobre la mesa la pregunta sobre aquellos territorios en nuestras ciudades que se han transformado en verdaderos “puntos ciegos” para la institucionalidad, y a cuestionarnos sobre el deber que tenemos como sociedad, y particularmente el Estado, de trabajar por esas comunidades y la seguridad en ellas.
La alarmante cifra de 114 mil hogares en campamento muestra el rostro más crudo de la exclusión habitacional. Casi un 95% de las familias que viven actualmente en campamentos residieron anteriormente en la misma comuna bajo otras formas de exclusión como lo son el allegamiento y el hacinamiento, y en esta nueva condición, solo se profundiza la vulnerabilidad. Las consecuencias son claras: donde la institucionalidad no llega, grupos delictivos encuentran terreno fértil para tomarse el territorio y operar a sus anchas. Esto lo padecemos todos, pero más particularmente las personas que lidian con el miedo día a día.
En la medida en que los barrios y campamentos donde se da la actividad criminal son abandonados negligentemente por las instituciones, estos se vuelven espacios vulnerables. La desprotección comienza en la dificultad en el acceso a condiciones básicas para el desarrollo de la vida en común: si no se cuenta con una vivienda digna y segura con bienes públicos cercanos y asequibles como centros de salud, establecimientos de educación, comisarías, cuarteles de bomberos y espacios culturales y recreativos seguros, estamos excluyendo y exponiendo a la larga a miles familias a peligros asociados a la actividad criminal.
Es fundamental no criminalizar a las familias que están expuestas a la violencia por no haber podido acceder a una vivienda digna, en cambio se debe trabajar con ellas codo a codo acercando herramientas de educación a la infancia, capacitación de oficios para jóvenes y adultos, y dando apoyo para que las comunidades avancen de manera franca en soluciones habitacionales.
Una verdadera agenda de seguridad será aquella que entienda y aborde los contextos sociales más oscuros. Hoy es urgente recuperar los espacios en nuestras ciudades que pagan las consecuencias de la falta de planificación e inversión social, tanto pública como privada. Los campamentos y barrios atravesados por el crimen no pueden seguir siendo relegados, porque de ser así, la violencia nunca acabará. Debemos trabajar juntos para que estos sean, por fin, lugares abiertos y luminosos, y ya no puntos ciegos.
Pablo Undurraga, subdirector social de TECHO-Chile, columna en La Segunda.
