Como Nuevo Pacto Social (NPS), en conjunto con Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR), presentamos este lunes en Ginebra un informe alternativo sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en Chile, reporte que viene a manifestar las implicancias de un pacto social en el aumento de la desigualdad socio-económica y las barreras estructurales en el goce de los DESC en nuestro país.
Durante el mes de junio del año 2020, el Estado de Chile deberá presentar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), un “Informe Periódico” al Comité DESC respecto al estado de cumplimiento de dichos derechos durante el ciclo 2015-2020. Este mecanismo de revisión tiene por objeto monitorear la implementación por parte de los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Previo a la presentación del informe por parte del Estado, como Nuevo Pacto Social (NPS) en conjunto con Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, (GI-ESCR), entregamos este lunes un “informe paralelo” al Comité DESC, en el contexto del proceso constituyente por el cual atraviesa el país, destacando las obligaciones del Estado de Chile en una gran variedad de temas (Enfoque de género, Pueblos Indígenas, Comunidad LBTGI, Seguridad Social, Vivienda, Salud y Educación).
Las críticas a un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, cuyos beneficios no fueron distribuidos equitativamente, se presentan como un eje estructurante del reporte entregado. En este contexto, las reivindicaciones sociales que se han puesto de manifiesto en el estallido social del 18 de octubre de 2019 hacen aún más relevante la presentación de este informe para así visibilizar desigualdades estructurales y vulneración de derechos.
“Los costos de ignorar los derechos sociales por más de 4 décadas han sido nefastos y nos ha sumergido en una profunda crisis social cuyos resultados los pagan las clases medias y los más pobres. Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos fundamentales, el Estado de Chile tiene obligaciones jurídicas al respecto y queremos que los tome en serio y rinda cuenta por ello”, explica el abogado Vicente Silva, associate researcher en The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights.
En particular, a través del informe, se pretende aportar a que la revisión del próximo informe de Chile sea una oportunidad para que este órgano independiente de derechos humanos de las Naciones Unidas pueda contribuir de manera acertada al proceso constituyente por el cual atraviesa el país.
Vicente Silva, quien trabaja con la sede de Ginebra en los ámbitos del derecho a la vivienda justa, cambio climático y desigualdad, dice que “en este esfuerzo conjunto le solicitamos al Comité que considere nuestro informe y las preguntas que sugerimos al Estado con el objeto de iniciar un diálogo constructivo y fructífero que signifique un avance en el reconocimiento efectivo de los derechos sociales”.
El encargado de presentar el informe ante el Comité fue Ignacio Silva, Fiscal de la Inmobiliaria Social de Techo-Chile, en representación de las demás instituciones nacionales que participaron en la redacción.
La redacción del informe contó con la colaboración de: The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Fundación Superación de la Pobreza, Techo-Chile, Educación 2020, Observatorio Ciudadano, Colegio Médico A. G. de Chile, Comunidad de Organizaciones Solidarias y ACCIÓN.
Revisa el informe completo acá.
