A inicios de este año concluyó el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) y el nuevo Gobierno presentó su reemplazo, el Plan Integral de Vivienda y Urbanismo (PIVU). El relevo ocurre en un escenario crítico: más de 120.000 familias viven en campamentos en Chile, la cifra más alta registrada desde 1996, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO Chile. Sin embargo, a diferencia del PEH, el nuevo plan no fija hasta el momento una meta cuantitativa específica para las familias que habitan en campamentos.
Lanzado en 2022 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) al amparo de la Ley 21.450, el PEH buscaba devolver al Estado un rol activo en la planificación habitacional y fijó como meta la entrega de 260.000 viviendas. Su diagnóstico inicial advertía con claridad que la emergencia habitacional «tiene su expresión más cruda en el aumento de las personas que viven en campamentos».
Tras culminar su ciclo de cuatro años, el balance del PEH refleja una ejecución dispar. En el plano general, el programa entregó 267.254 soluciones habitacionales, lo que representó un 102,8% de cumplimiento respecto de la meta trazada. Sin embargo, la intervención en campamentos registró una brecha significativa. Un análisis elaborado por TECHO Chile sobre la base de datos oficiales del Minvu revela que solo el 24% de los 40.599 hogares comprometidos en campamentos obtuvo una solución habitacional definitiva. Además, a abril de 2026, el 34,1% de esa población no había recibido ninguna intervención estatal.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, expuso en julio de este año ante la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados los lineamientos del Plan Integral de Vivienda y Urbanismo (PIVU) 2026-2030. En la presentación, Poduje señaló que «el compromiso es complementar la emergencia con el déficit cualitativo de las viviendas que tenemos que recuperar, de los barrios que tenemos que recuperar y con una potente herramienta de planificación que nos permita planificar barrios, terrenos fiscales y además prevenir futuros desastres naturales».
A la espera de la publicación del documento oficial, la presentación preliminar articula la estrategia estatal en tres ejes de acción: la emergencia habitacional, la recuperación territorial y la planificación urbana junto con la gestión del riesgo de desastres. Sobre esa base, el PIVU mantiene la atención en el déficit cuantitativo al proyectar 400.000 soluciones de acceso a la vivienda, al tiempo que amplía la cobertura hacia sectores medios y el déficit cualitativo mediante otros 400.000 programas de mejoramiento de viviendas y barrios.
Para alcanzar estas metas, el Ministerio incorporará nuevos programas como la Operación Sitio 2.0, que busca traspasar terrenos fiscales a familias, para después urbanizar y construir la vivienda y Eriazo Cero, que prevé entregar pequeños predios fiscales en comodato a municipios y organizaciones para infraestructura comunitaria o habitacional.
| Tabla resumen PEH y PIVU | ||
| PEH | PIVU | |
| Enfoque | Déficit cuantitativo. | Cuantitativo, cualitativo y riesgo de desastres. |
| Meta | Terminar o entregar 260 mil viviendas y dejar al menos 100 mil viviendas en ejecución. | 300 mil nuevas viviendas + 100 mil viviendas vía Fogaes y tramo 4.000 clase media. 400 mil viviendas reparadas y mejoradas. |
| Principales Instrumentos y programas | Integración Social y territorial (DS 19), Fondo Solidario de Elección de Viviendas (DS 49), Habitabilidad Rural (DS 10), Sistema Integrado Subsidio Habitacional (DS 01), Línea Edificación Directa Serviu, Microradicación, Arriendo Permanente Personas Mayores (DS 52), Ley Fogaes, Leasing (DS 120) , Arriendo a Precio Justo, Condominios de Viviendas Tuteladas, programa Trabajadores, Cooperativas, Loteos en 2 Fases, Vivienda Municipal . | Fondo Solidario de Elección de Viviendas (DS 49), Ecobarrios (DS10), Operación Sitio 2.0, Eriazo Cero, Tramo de clase media hasta 4.000 UF (DS 01), Mejoramiento de Vivienda y Barrios (DS 27). |
| Campamentos | 40.599 soluciones comprometidas para familias de campamentos por vía “Gestión habitacional” y “Construyendo Barrios”. | No se incorpora un plan explícito de campamentos. Sólo se mencionan a propósito de los desalojos de terrenos, dentro del eje de recuperación territorial. |
Fuente: Elaboración propia a partir de la presentación del Plan Integral de Vivienda y Urbanismo 2026-2030 en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes nacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miércoles 8 de julio de 2026 y de la presentación Final del Plan de Emergencia Habitacional, martes 10 de marzo de 2026.
Perspectivas del sector
La difusión inicial del PIVU ha generado escaso debate público, aunque ya surgen análisis críticos desde la sociedad civil y la academia. Sebastián Bowen, director ejecutivo de la fundación Déficit Cero, publicó en La Tercera una carta titulada “Preguntas e incertidumbres a Vivienda y Urbanismo”. En ella, valoró la necesidad de avanzar hacia una mirada integral de la política habitacional y la meta de alcanzar 400 mil soluciones habitacionales, pero cuestionó, como anticipa el título, la ausencia de una estrategia suficientemente detallada. Indica que “(…) el PIVU y sus objetivos bien pueden ser un peldaño más para fortalecer un necesario proyecto de Estado (…)” aunque sostuvo que “parece responder a la lógica de un anuncio gubernamental más que a la de un proyecto de Estado.”
Las dudas sobre la ejecución concreta cruzan también al mundo académico. Especialistas consultados coinciden en valorar la incorporación de la gestión del riesgo de desastres y la perspectiva de barrio, pero manifiestan preocupación por la continuidad de los procesos iniciados en el quinquenio anterior.
Margarita Greene, arquitecta y doctora por la Bartlett School of Architecture de la University College London, señala que la principal incertidumbre radica en la ausencia de un documento publicado que desglose plazos, prioridades y mecanismos de ejecución. Comenta que “Lo importante en un plan como este es cómo, y qué se va a priorizar, a través de qué línea(…).”
Le inquieta, en particular, que la política habitacional siga privilegiando la entrega de vivienda en propiedad, cuando a su juicio el arriendo puede ser una solución adecuada para muchos casos, desde familias jóvenes hasta adultos mayores. También, propone estudiar la separación entre la propiedad del suelo y la de la vivienda, con sistemas de leasing, o propiedad colectiva como ocurre en otros países.
En esta misma línea, Jonathan Orrego, analista urbano y gerente de Gestión y Desarrollo de Fundación Alcanzable, reconoce que la casa propia es una aspiración legítima de las familias, lo que justifica priorizarla, aunque sostiene que una política integral también debe responder a quienes necesitan arrendar, sobre todo mientras esperan una vivienda propia. Para esos casos, la fundación propone el arriendo protegido, una solución estable con precios inferiores a los del mercado, condiciones de permanencia claras, buena administración y acompañamiento social, que permite acceder a una vivienda adecuada sin que el costo haga inviable el presupuesto familiar.
“Nuestra principal preocupación es que todavía no vemos una estrategia suficientemente clara para generar ese stock de viviendas asequibles”, advierte Orrego. “Esperamos que el PIVU resulte bien”, agrega, “pero su éxito dependerá de ofrecer respuestas diversas a las necesidades reales de las familias, incluyendo propiedad y arriendo protegido”.
Por su parte, Javiera Moncada, planificadora urbana y directora del Centro de Estudios de TECHO-Chile, valora la descentralización en la gestión de riesgos, pero plantea reservas frente a la Operación Sitio 2.0. Moncada advierte que, de no ejecutarse con estándares rigurosos, este mecanismo podría replicar la segregación periférica de décadas pasadas.
Añade que la entrega de un terreno sin edificación adecuada retira formalmente a las familias del déficit cuantitativo, pero amenaza con abultar el déficit cualitativo en los próximos años. “La pregunta es quién se hace cargo de la figura intermedia. Porque la familia va a ser propietaria, entonces sale del déficit cuantitativo, y el riesgo que se corre es «ya no veo a esta familia»”, sostiene.
Desde la Universidad de Chile, la académica Yasna Contreras enfatiza que el plan omite soluciones para zonas rurales y periurbanas, donde los costos de urbanización son elevados y los municipios carecen de competencias técnicas suficientes. Asimismo, el ritmo de avance proyectado genera dudas. Según el XI Reporte de la Política Habitacional de Déficit Cero, a junio de 2026 solo se habían entregado 13.957 soluciones habitacionales, equivalentes al 3,5% del objetivo global. Para cumplir el compromiso a 2030, la velocidad de edificación tendría que incrementarse en un 54%.
¿Y los campamentos?
La evaluación del impacto del PEH en campamentos ofrece lecciones operativas clave. El plan anterior estableció dos vías de intervención: “Gestión Habitacional” (destinada a la relocalización) y el programa “Construyendo Barrios” (enfocado en la radicación). Entre ambas se fijó la meta de dar solución habitacional a 40.599 hogares al cierre del período, además de las 260.000 soluciones generales.
Aunque el PEH superó su meta general, en los campamentos quedó rezagado, lo que los reportes de TECHO atribuyen a problemas de ejecución y a complejidades estructurales, como terrenos con restricciones normativas, comunas con capacidades institucionales limitadas y familias con trayectorias de vulnerabilidad.
Según Moncada, “Gestión Habitacional” movilizó a más de 10.000 familias mientras que “Construyendo Barrios” recién intervenía a 5.000, por lo que la vía individual funcionó mejor. El desafío ahora, plantea, es resguardar el tejido social dentro de esa vía “individual”, porque según la evidencia los campamentos que salen en colectivo forman barrios con menos problemas de convivencia y más cohesión.
Por su parte, Yasna Contreras pone el foco en lo que el PIVU todavía no dice sobre campamentos. A su juicio, el plan debería transparentar qué parte de sus soluciones llegará a campamentos, dónde y en qué plazos, porque de lo contrario las regularizaciones en curso podrían quedar en un limbo y los asentamientos seguirán consolidándose en quebradas y laderas.
Indica que plantear la “erradicación” sin plan, metas ni recursos, abre espacio a desalojos que sólo trasladan el problema. Esta advertencia coincide con una preocupación por el énfasis que la presentación del Minvu otorga a los desalojos de terrenos. Al respecto, una investigación reciente de TECHO-Chile sobre el seguimiento de cinco campamentos desalojados entre 2024 y 2025 demuestra la ineficacia de este enfoque: el 75% de los hogares desalojados reingresa a la informalidad.
A estas dudas se suma la falta de propuestas, que obliga a repensar la política con que se trabaja en los campamentos en la realidad actual. Margarita Greene propone trabajar caso a caso, según la historia de cada asentamiento. Si estuviera en el gobierno, dice, trabajaría cada caso con una organización especializada, en estrecha colaboración con el gobierno local y con los pobladores, y haría un plan de asentamientos informales para cada región.
Esta orientación coincide con la propuesta institucional de TECHO-Chile para una Estrategia Nacional de Campamentos. La iniciativa propone abordar la crisis a partir de cinco pilares fundamentales: presencia activa y permanente del Estado; articulación efectiva entre el nivel central, los gobiernos regionales y los municipios; oferta de alternativas habitacionales diferenciadas (transitorias y definitivas); mecanismos preventivos ante la formación de nuevos asentamientos, y una coordinación interministerial con prioridad ejecutiva.
