Leilani Farha es abogada y activista canadiense especializada en derechos humanos, económicos y sociales. Desde el 2014 hasta el presente año fue Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada, donde hizo un seguimiento al cumplimiento del derecho a la vivienda adecuada alrededor del mundo y entregó lineamientos para el avance en esta materia.
Hoy encabeza The Shift, un movimiento internacional que busca garantizar el derecho a la vivienda, y en esta entrevista, aborda temas como la crisis mundial de la vivienda, el rol de la especulación inmobiliaria, las experiencias de legislaciones comparadas y las posibilidades que ofrece la consagración del derecho a la vivienda en tiempos de pandemia.
Tanto durante su etapa como Relatora Especial de la ONU como en su nuevo rol como Directora de The Shift hemos visto que ha trabajado para que la vivienda no sea vista como un bien de mercado. En base a esto, ¿qué papel piensa usted que juega la especulación inmobiliaria en la crisis de la vivienda?
Antes de la pandemia, sabíamos que la financiarización era una parte importante de la crisis de la vivienda en países de todo el mundo. Cuando estuve en Chile, por ejemplo, fui a Valparaíso y había una zona frente al mar que estaba siendo desarrollada inteligentemente a nivel financiero, pero no en beneficio de los residentes locales. Se estaba construyendo un nuevo edificio de departamentos, así que fui a la sala de ventas del edificio y sólo fingí que estaba interesada en comprar una propiedad. El precio refleja que los departamentos no estaban pensados para los vecinos, sino que son construidos para personas que vienen de vacaciones desde Santiago y otros lugares.
Ese es un ejemplo de un caso muy típico de construcción como inversión. Alguien quiere una propiedad frente al mar y la adquiere sabiendo que en unos años esa propiedad valdrá más, entonces se produce un proceso de especulación. Puede que visiten esa propiedad una vez al año, que nunca visiten esa propiedad o que la terminen arrendando como un AIRBNB.
Puede ser que Chile haya sido uno de los primeros países que realmente financiarizó la vivienda. En los años de Pinochet se impuso un modelo de propiedad de vivienda que, de cierta manera, obligó a todos a ingresar al mercado privado y permitió que las finanzas crecieran a costas de alguien más. Entonces es un sistema pensado para los bancos, no para las personas, quienes fueron empujadas a la periferia de la ciudad, reservando el centro de la ciudad para las élites. Esto implica una noción financiera de para quién son las ciudades, y ahora lo estamos viendo no solo en Chile, sino que en todas partes.
¿Cuáles son para usted ejemplos de buenas prácticas en torno al derecho a la vivienda? ¿Qué países están legislando de manera positiva sobre este tema?
El caso de Dinamarca es bueno porque la legislación se aprobó hace poco. La llamaron legislación de Blackstone y con ella básicamente crean una atmósfera que no es buena para los inversores financieros. Las rentas están congeladas durante cinco años, por lo que si un actor financiero quiere invertir y aumentar las rentas de inmediato, no podrá hacerlo. Por otra parte, Berlín es una especie de “ciudad-estado”, es como si tuviera un título más amplio que solo de ciudad y allá también han adoptado la congelación de alquileres, nuevamente como una forma de presionar contra los actores financieros. Otros gobiernos nacionales, por ejemplo el de China, tenían impuestos muy altos. Si comprabas una propiedad y la vendías un año después, existía un impuesto del 18%. Y luego, después de dos años, pagas el 15% de impuestos, y así se evita que la gente especule. En Vancouver tenían un impuesto a los compradores extranjeros, también en Nueva Zelanda, aunque esos impuestos no parecen funcionar tan bien.
Luego de su visita a nuestro país y las impresiones que se pudo llevar, ¿cómo piensa usted que podríamos relacionar las protestas de octubre en Chile con la crisis de la vivienda?
Creo que las personas ya lo relacionaban con la crisis de la vivienda. Todos los años se ven incrementos sustanciales en los costos de vivienda, así que creo que obviamente sería un motivo de preocupación para los manifestantes. Los manifestantes se han quejado del costo de vida en Chile, por lo que está directamente relacionado, pero también por la forma en que funciona el sistema de vivienda en Chile. Quienes son de bajos ingresos y viven en pobreza tienen las peores viviendas en las peores ubicaciones y están desplazados del centro de la ciudad. El problema de la vivienda es un problema para la democracia porque estás desplazando la vida de un país, la vida de la ciudad, desde los espacios y lugares donde puedes encontrar empleo, donde puedes protestar, etc. Entonces, hay una manera en la que las condiciones de vivienda están directamente relacionadas con cómo se vive la democracia.
Este año hemos visto cómo la emergencia sanitaria del COVID-19 ha traído consigo consecuencias en distintos ámbitos de la sociedad, siendo los sectores más vulnerables también los más expuestos a contagiarse de este virus. Vemos que la vivienda toma un rol central en esta pandemia, pero ¿es posible garantizar el derecho a una vivienda adecuada en este minuto?
No solo es posible, es fundamental que garanticemos el derecho a la vivienda durante esta pandemia. Pero también para que en el futuro -si hay otra pandemia- no nos veamos atrapados en la situación en la que estaba atrapado el mundo. La Organización Mundial de la Salud les dijo a todos los gobiernos cuál es la “receta” para disminuir la contaminación y la propagación del COVID-19: quedarse en casa, lavarse las manos y distancia física. Esa también es una “receta” para el derecho a una vivienda adecuada. Requiere que a las personas que no tienen casa se les dé un hogar, requiere que a las personas que viven en viviendas inadecuadas -por ejemplo en situación de hacinamiento- se les den soluciones, requiere que las personas que viven en asentamientos informales se les facilite el acceso a agua potable y electricidad.
Esta “receta” es una cristalización asombrosa del derecho a una vivienda adecuada que se les exige a los gobiernos. Ahora, la pregunta es si los gobiernos han hecho lo necesario hasta ahora. Yo diría que han tomado algunas medidas, de seguro, pero queda mucho más por hacer.
¿Cómo pueden, por ejemplo, iniciativas como The Shift contribuir a garantizar este derecho?
The Shift es un movimiento global para asegurar el derecho a la vivienda, por lo que estamos tratando de alentar a muchos actores -no solo a los gobiernos- a familiarizarse con el derecho a la vivienda y a proporcionar herramientas para que todo el mundo comprenda lo que significa el derecho a la vivienda. En particular, estamos trabajando con los gobiernos locales y los gobiernos nacionales para adoptar estrategias de vivienda que se basen en la comprensión del derecho a la vivienda. Entonces, lo que hicieron los gobiernos para responder, por ejemplo, al COVID-19 fue: «Oh, hay personas sin hogar, ¿cómo pueden quedarse en casa si no tienen hogar?» Entonces hubo una discusión sobre quién se haría cargo de las personas sin hogar. Pero luego hay otro problema, y es cómo podemos asegurarnos de que las personas no sean desalojadas por temas económicos durante la pandemia, porque si son desalojadas no sabemos a dónde irán y podría propagarse aún más el virus. Los gobiernos no desarrollaron una estrategia real basada en los derechos humanos. Creo que todavía hay tiempo y The Shift espera trabajar con los gobiernos para que podamos hacerlo.
Un proyecto que tenemos es trabajar con otros grupos para desarrollar una legislación modelo sobre el derecho a la vivienda que podría ser adoptada por diferentes gobiernos, porque se necesita tener un derecho a la vivienda legislado. Depende del sistema legal de cada país, por supuesto, pero estamos trabajando en una legislación modelo que esperamos que incite a los gobiernos a adoptar leyes sobre el derecho a la vivienda.
¿Con qué países está trabajando The Shift?
Hemos estado trabajando de diferentes maneras en varios países para llegar al gobierno a nivel nacional. Además, también he estado haciendo una serie de seminarios web con diferentes actores gubernamentales porque también hay un aspecto educativo. He trabajado con Chile y con gobiernos occidentales que intentan simplemente educar sobre el derecho a la vivienda, así como con los países de la OCDE.
Para concluir, hablemos de la Constitución. ¿Cuáles cree usted que son los fundamentos básicos del derecho a la vivienda que toda Constitución debiera incluir?
Hay siete características de una vivienda adecuada, pero no estoy segura de que se deban enumerar en la Constitución. Algunos estándares de adecuación son que la vivienda sea asequible, que tenga seguridad de tenencia, que sea habitable, es decir, que tenga un techo y muros sólidos, y en un país propenso a terremotos como Chile eso es bastante importante. Una buena ubicación es, en realidad, una de las cosas principales. Se debe estar cerca de oportunidades de empleo, escuelas, atención médica, transporte, etc. También tener acceso a servicios básicos como luz, agua, saneamiento, recolección de basura. Ahora, algunas personas pueden argumentar que no es necesario incluir todo eso en la Constitución, sino que debería desarrollarse mediante legislación.
Creo que es importante reconocer que la vivienda es un derecho humano. Hay que basarse en el derecho internacional de los derechos humanos, donde se dice que todos tienen derecho a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. En la legislación reciente en Canadá, donde nunca se había legislado sobre temas de vivienda, pensamos que era útil incluir la idea de realización progresiva porque el derecho a una vivienda adecuada debería mejorar continuamente. No se puede resolver el derecho a la vivienda de la noche a la mañana, es necesario tomar medidas en el tiempo para que sea un concepto importante el de realización progresiva. Pero la realización progresiva también debe estar vinculada al uso del máximo de recursos disponibles, por lo que es bueno poner en esos términos los estándares para que el gobierno tenga que tomar medidas. Si bien tienen que usar el máximo de sus recursos disponibles, no se trata solo -por ejemplo- de los recursos que se recaudan en este momento a través de impuestos, sino de los impuestos que se podrían aplicar, el dinero que se podría aprovechar para garantizar que las personas tengan acceso a una vivienda adecuada. Pienso que eso es importante.
